Después de los años en que he tenido descuidado a este pequeño espacio (no por falta de ideas, sino de ganas), regreso con un análisis en materia de Derecho Administrativo.
La Procuraduría federal del consumidor (PROFECO) se encarga de velar por los intereses y derechos de los consumidores. Una forma en que lo hace es regulando las relaciones jurídicas que se establecen entre proveedores y consumidores, para la comercialización de bienes o servicios, a través de los mal llamados "Contratos de adhesión".
Estos mal llamados "Contratos de adhesión" (que en realidad son guiones administrativos), son contratos formato, tipo o machote que debe registrar el proveedor ante la PROFECO por así disponerse en la Ley federal de protección al consumidor y en la correspondiente Norma Oficial Mexicana.
Los contratos a registrar deben satisfacer requisitos establecidos en la Ley del consumidor y en su reglamento, en la Ley federal sobre metrología y normalización y en las Normas oficiales mexicanas (NOM), principalmente, además de las leyes que sean aplicables y correspondan a la materia del contrato.
De los ordenamientos legales citados, resulta que los más cambiantes son las Normas Oficiales Mexicanas, de tal forma que una norma puede cambiar cada año. Los cambios a estas NOMs, no se dan mediante reformas sino que por su dinamismo y las autoridades que intervienen en su emisión (pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal), se dan mediante la emisión de una y la correspondiente abrogación de la anterior.
Las NOMs se publican en el Diario Oficial de la Federación para iniciar su vigencia, así como para ser legales y constitucionales.
Este cambio se refleja no sólo en el contenido de la NOM nueva (que puede ser ridículamente similar al contenido de la NOM anterior), sino también en el nombre de la misma, de tal forma que por ejemplo, en 2011 pudo haber sido emitida la NOM-999-XYZ-2011 y en 2013 fue “modernizada” mediante la emisión de la NOM-999-XYZ-2013.
La PROFECO se encarga de velar por que los proveedores de bienes o servicios, cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas, así como con el registro de los contratos de adhesión cuando estas normas así lo ordenen y desde luego que los proveedores cumplan con lo dispuesto en los contratos registrados por ellos mismos. Cabe mencionar que cada que se realiza el registro de un contrato de adhesión, hay que pagarle al gobierno derechos fiscales.
La sanción (aunque se maneje como medida preventiva) que aplica PROFECO ante un incumplimiento de lo mencionado en el párrafo inmediato anterior, puede consistir en multa, en suspensión o en la cancelación del negocio en el que se presta la comercialización de bienes y servicios.
Se viene dando en la práctica que PROFECO sanciona a los proveedores que tienen registrados sus contratos conforme a la NOM que ya no es vigente, pero no han registrado nuevamente su contrato conforme a la NOM nueva, a pesar de que el contenido regulatorio aplicable al caso sea incluso idéntico entre ambas NOMs, y sobretodo, a pesar de que en ninguna parte de la NOM nueva (ni siquiera en sus transitorios) se puede leer que se desconozcan los contratos registrados al amparo de la NOM que se abroga o que se establezca la obligación del proveedor, de volver a registrar su contrato de adhesión (incluso bajo la excusa de determinar que cumple con la nueva NOM)
Usaré un ejemplo ridículo para explicar mejor lo anterior: En 2014 PROFECO suspende provisionalmente el local comercial de Pepito, en el cual vende planchas y lavadoras, porque no registró su contrato de adhesión conforme a la NOM-999-XYZ-2013 a pesar de que Pepito demostró, que el contrato de adhesión con el que venía trabajando, estaba aprobado y registrado conforme a la NOM-999-XYZ-2011 y que el contenido total de ambas normas no sólo es similar, sino que además, la parte que regula a su negocio, es exactamente igual, por lo que el contenido del contrato ya registrado, sería idéntico al del contrato a registrar.
En mi opinión, lo que viene haciendo PROFECO con respecto a lo mencionado en los dos párrafos inmediatos anteriores, es arbitrario, inconstitucional, inconvencional e injusto, por lo que no debe seguir haciendolo o los proveedores deben pelear jurídicamente en contra de estos actos.
Es inconstitucional, inconvencional e injusto desconocer el registro de un contrato de adhesión inscrito al amparo de una norma vigente en 2011, pero que fue abrogada por una similar en 2013, por las siguientes razones:
- Porque sin conceder audiencia o defensa al proveedor, se desconocen en su perjuicio, derechos adquiridos al registrar su contrato y cumplir con una norma vigente en 2011 que es similar a una vigente en 2013.
- Porque sin conceder audiencia o defensa al proveedor, se desconoce validez y eficacia al contrato de adhesión registrado al amparo de la norma vigente en 2011, a pesar de que cumple con todo lo dispuesto en la norma vigente en 2013.
- Porque se aplica en perjuicio del proveedor, una norma de 2013, a pesar de que su contrato fue registrado en 2011 y que cumple con todo lo dispuesto tanto en la de 2011, como en la de 2013.
- Porque el proveedor tiene que pagar para registrar un contrato que es idéntico al que ya tiene registrado.
Lo anterior, entre otras razones y argumentos relacionados o derivados, para considerar inconstitucional, inconvencional e injusto el actuar de PROFECO.
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