Sin ley, no hay Jurisprudencia en México.

En la publicación anterior, se dejó mas o menos claro que la Jurisprudencia en México es una interpretación de la ley, limitada por el contenido de esta última.

A pesar de que la jurisprudencia es la interpretación de la ley, resulta que a veces la ley simplemente no regula ciertos derechos u obligaciones, u otras cuestiones. En estos casos cuando surge un conflicto, hay que acudir a leyes superiores jerárquicamente, que si regulen estos aspectos aunque sea en forma mínima, como es la Constitución Política Federal o los Tratados Internacionales firmados por México; en estos casos, nuevamente puede darse una interpretación jurisprudencial de estas leyes superiores, en relación con la inferior, por lo que el criterio que se construya será también limitado por el contenido de una ley. También se puede acudir a leyes del mismo nivel e incluso inferiores jerárquicamente.

El punto es, que la jurisprudencia que emitan los Magistrados de Tribunal Colegiado y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o los servidores públicos facultados de algún otro organismo, estará siempre limitada por una ley, por un el contenido de un cuerpo normativo, preferiblemente en cuanto a su literalidad, aunque también puede ser en cuanto a su historicidad (cuando se analizan antecedentes incluyendo la exposición de motivos o el debate legislativo), a su tendencia axiológica o fáctica, e incluso a su propósito y ubicación de esta ley dentro de su sistema jurídico.

Por tanto, para que exista jurisprudencia, primero debe haber una ley.

¿Porqué he hablado tanto de jurisprudencia? Pues porque en las siguientes publicaciones abordaré algunas cuestiones prácticas, derivadas de casos reales, donde se pone o se puede poner en entredicho a la jurisprudencia mexicana, a sus papeles desempeñados y a su naturaleza jurídica.

Jurisprudencia mexicana, ¿función legislativa?

En México el ejercicio del poder estatal se deposita en 3 poderes, el Legislativo que elabora leyes, el Ejecutivo que ejecuta leyes y el Judicial que juzga conforme a las leyes.

Aunque parece que esta bien divido este ejercicio, resulta que en algunas ocasiones, entre estos 3 poderes existe una “invasión” permitida de funciones, como sucede cuando por ejemplo el Ejecutivo y el Judicial al expedir reglamentos, circulares o acuerdos, materialmente están legislando; o en otro ejemplo, el Legislativo al instaurar Juicio Político en contra de servidores públicos con cargos muy importantes, y el Ejecutivo al conocer de Juicios de nulidad a través del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo (TFJFyA), materialmente están juzgando.

La jurisprudencia mexicana es la interpretación o explicación de la ley, realizada por un órgano con funciones jurisdiccionales como el Poder Judicial Federal (se puede consultar su jurisprudencia aquí) o el TFJFyA, y resulta que ES OBLIGATORIA su observancia, en los asuntos que conozcan estos órganos; es decir que si la Jurisprudencia dice que en X tipo de situaciones debe interpretarse la ley en Z forma, entonces un Juzgado Federal o una Sala Regional (subórganos del Poder Judicial Federal y del TFJFyA respectivamente) ante un conflicto del tipo X debe interpretar la ley en Z forma, y con base en este criterio resolver.

La jurisprudencia en esta forma existe en otros sistemas jurídicos, sin embargo su presencia y peso en las decisiones judiciales es diferente, por ejemplo en México la ley esta por encima de la jurisprudencia, mientras que en otros sistemas jurídicos la jurisprudencia es tanto o mas importante que la ley, como por ejemplo en el sistema jurídico estadounidense en donde los criterios interpretativos son la base de las decisiones judiciales, y son tan importantes como la ley, o veces mas importantes como cuando no existe la ley que regulen la situación de clase X.

La presencia y el peso que tiene la jurisprudencia en México se debe a que al ser una explicación de la ley, no puede valer mas que la ley que le da nacimiento. Además, dada la naturaleza que tienen las leyes en nuestro sistema jurídico, que es exhaustiva en cuanto a que se trata con ellas de prever la mayor cantidad de situaciones que regular, resulta entonces que es preferible acudir a la ley en primer lugar porque en ella es altamente probable que se encuentre regulada la situación de clase X, por lo tanto será resuelta como todas las demás situaciones de la misma clase. Es como si la ley contuviera las instrucciones que hay que seguir al pie de la letra para cocinar unos huevos con jamón :S (la fuente de calor, su intensidad, la calidad de materiales, serían los hechos concretos de la situación, lo cual a la ley no le importa, pues básicamente nos dirá: combine huevos y jamón en un recipiente, luego aplíqueles calor para cocinarlos; entonces si se le echa mucha o poca sal, o si el recipiente es de metal o de barro :P’’’ tampoco le importa).

¿Pero que pasa cuando no hay artículo o una parte de la ley que diga que hacer ante una situación de clase X?¿Como se resolverá un conflicto de intereses donde se discuta esta situación? Esta clase de interrogantes se han resuelto, acudiendo a una ley general (generalmente es una ley superior como la Constitución Federal o el Código Civil) que contenga principios o elementos que puedan ser interpretados para aplicarlos a esta situación, y muchas veces este envío es ordenado dentro de la misma ley que no regula las situaciones de clase X, aunque si unas similares.

En este caso la jurisprudencia sigue funcionando como una interpretación de la ley, que aunque sea muy general o superior es ley a final de cuentas… Pero, aquí viene un punto de vista diferente: resulta que también esta funcionando la jurisprudencia como ley, porque esta llenando el vacio de una ley o artículo inexistente, entonces… el órgano jurisdiccional que crea la jurisprudencia, materialmente esta legislando, lo cual esta permitido la situación de clase X no puede quedarse sin resolver a pesar de que no haya ley, y no puede suspenderse un juicio hasta que la halla.

Sin embargo, cuando la ley regula en forma constitucional, coherente, sistemática, y completa o casi completa las situaciones de clase X, es incorrecto que la jurisprudencia “explique de mas” esta ley, porque se corre el peligro de que el órgano jurisdiccional invada esferas que no le corresponden en forma injustificada y arbitraria pues tal órgano tendría mas funciones que las que debería, pudiendo generar un desequilibrio y a lo peor, un “empoderamiento”. Por eso el Poder Judicial Federal tiene prohibido legislar formalmente, es decir crear leyes, aunque materialmente si puede hacerlo en algunos casos de excepción como ya lo explique, a través de la jurisprudencia creada ante la ausencia de ley.

Si la Ley Máxima dice, el Poder Legislativo creará una Ley Mínima que va a contener las instrucciones para preparar todos los platillos que contengan huevos, entonces es correcto que la Ley Minima contenga las instrucciones para preparar huevos con jamón señalando que se deben combinar huevos y jamón, para luego aplicarles calor. Pero si el Poder Judicial dice: para que yo pueda considerar que son huevos con jamón debiste haber usado huevos de pato y jamón serrano, o debiste haber usado solamente tortillas y jamón porque yo entiendo por “huevos”, unos alimentos redondos de maíz o trigo (confusión que podría darse con la tortilla de huevos); entonces el actuar del Poder Judicial es incorrecto, está actuando arbitraria y omnipotentemente, pues ninguna Ley estableció restricciones para solamente usar huevos de cierta clase, ni a un platillo elaborado solo con tortillas y jamón se le puede llamar “huevos con jamón”, porque la definición de huevos no la puede alterar arbitrariamente el Poder Judicial para igualarla con la de tortillas.

VS.

Este ejemplo que he puesto es ridículo desde luego, pero lo expongo así precisamente para denotar lo incorrecta y hasta ridícula, que es la jurisprudencia que se emite en contra de la ley o ampliándola indebidamente. En este caso es claro que INDEBIDAMENTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ESTA LEGISLANDO A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA, violando el principio de división de poderes.

Aunque parezca increíble, esta clase de jurisprudencia si existe, y me parece que solo tiene dos posibles causas: ignorancia o intención, esta última puede tener un origen social, político, o económico y puede ser calificada como buena o mala. Un ejemplo de jurisprudencia de este tipo la encontramos en la mayoría de criterios emitidos con respecto al “Ofrecimiento de Trabajo”, al resolver conflictos en las relaciones laborales que comenzaron después del 1 de mayo de 1980.

Inconstitucionalidad de los Parquímetros en Tlaxcala.

Insoportable podría decir que es la existencia de los parquímetros en las ciudades de Tlaxcala y de Apizaco, pero eso podría parecer exagerado.

Por otro lado, desde un punto de vista jurídico, esa existencia no tiene soporte constitucional, y al parecer ni siquiera formalmente legal; esos soportes son los mas importantes para todo acto de autoridad (osea emanado del Gobierno a través de un servidor público). Por lo tanto en esta óptica, no es exagerado decir que, es insoportable la existencia y validez jurídica de los parquímetros.

Ahora explico porque la inconstitucionalidad.

El artículo 31 de la Constitución Federal Mexicana (máxima ley en México), dice en su fracción IV que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto del gobierno, que deben hacerlo en forma proporcional y equitativa CONFORME LAS LEYES DISPONGAN. De este artículo se desprenden varios principios que rigen a la materia fiscal o contributiva, los cuales pueden verse mas que nada como derechos; los que interesan son el principio de proporcionalidad y el de legalidad.

En este articulito, solo me ocuparé del principio de legalidad por ser el que mas gravemente se viola.

El principio de legalidad consiste en que toda contribución debe de tener nacimiento en ley, por ejemplo que determinada ley diga que por la realización de X conducta, o la obtención de Y ingreso, se debe pagar como impuesto al Estado Z cantidad. El pago por estacionarse en la calle, es una contribución, pero no es impuesto, es lo que se conoce fiscalmente como un "derecho".

En el caso de los parquímetros, no se cumple con el principio de legalidad, pues NO EXISTE NINGUNA LEY QUE LE DE NACIMIENTO A LA EXIGIBILIDAD DEL COBRO POR ESTACIONARSE EN LA CALLE, es decir ninguna ley me dice que debo pagar X cantidad por estacionarme Z minutos en las calles de Tlaxcala en donde los señalamientos viales lo indican.

Aquí, mi precisión técnica-jurídica sobre la ley que debe dar nacimiento a este derecho fiscal, es vaga intencionalmente; en primer lugar porque este artículo está escrito con dirección a personas comunes y no a peritos en Derecho; en segundo lugar porque ese conocimiento preciso, sirve para defenderse jurídicamente en contra del multimencionado cobro, o para corregir los errores en el cobro por parquímetros y por ende perfeccionarlo (nadie quiere que perfeccionen ese cobro ¿o si?).

Espero que con lo escrito hasta aquí, se entienda la ilegalidad del cobro por estacionarse en las calles de Tlaxcala y Apizaco, ya que no es realmente difícil, como tampoco lo es entender el principio de proporcionalidad y el de legalidad en un nivel técnico jurídico. Lo complicado es demostrar la legitimación ad causam o también conocida como interés jurídico, y me parece que después del desinterés e ignorancia sobre la materia fiscal, ese es el mayor obstáculo que han tenido los abogados ordinarios en Tlaxcala, pero ese... es otro cuento, solo espero que me llegue algún asunto en el que pueda comprobar la solución que he pensado ;)

Matrimonios Gays son pan y circo.

No estoy en contra de la preferencia sexual de los y las homosexuales, respeto mucho tal decisión que muchas veces requiere mas analisis y valor de lo que muchos de los heterosexuales estamos dispuestos a dar. Incluso algunos que conozco son mas agradables que mis amigos heterosexuales (y esto no es ninguna clase de justificación).

Sin embargo, estoy en contra de los matrimonios homosexuales porque me parece que mas que nada fueron bandera política y detrimento de sistemas jurídicos en México. Sobre esta óptica, me parece una tontería, una aberración jurídica el reconocimiento de los matrimonios homosexuales.

Sin necesidad de reconocer en las leyes este tipo de uniones, los y las homosexuales ya tenían reconocidos los derechos que supuestamente ganaron con el reconocimiento legal, y claro podían ejercerlos sin obstáculos.

Es decir, ya tenían instituciones jurídicas que surtían los mismos efectos que surte un matrimonio entre heterosexuales, sin embargo no se si por ignorancia, desinterés o fiaca, pero casi nadie hablaba de ellos, y a los juristas que si hacían referencia a estos derechos, prácticamente nadie los escucho ni hizo eco de sus opiniones.

¿De que instituciones jurídicas hablo? Pues de testamentos, fideicomisos, copropiedades, sociedades y asociaciones civiles, asociaciones en participación, contratos de seguros, contratos de ahorro en los bancos, entre otros muchos contratos; ni siquiera había necesidad en su momento haber creado las "sociedades de convivencia".

Tal vez el único derecho del que carecían era del de poder brindar seguridad social a sus parejas a través de las Instituciones encargadas de ello (por ejemplo el IMSS), pero eso se solucionaba con una pequeña reforma a la Ley de Seguridad Social y algo de reorganización administrativa en las referidas Instituciones.

Parece que era y es mas fácil montar un espectáculo y permitir la creación de mártires, que brindar una buena asesoría por parte de los gobiernos (aunque esto está difícil, ya se sabe que el aparato burocrático no se caracteriza por ser muy conocedor del Derecho).

Al contrario, lo único que trajo el reconocimiento de los matrimonios homosexuales, fue un caos a nuestros sistemas jurídicos, porque sinceramente se desdibujo y casi puedo decir que se desmembró a la institución jurídica del matrimonio (que por cierto aqui en lo jurídica nada tiene que ver que se le diga que es sagrada, la maravillosa institución del concubinato vino a terminar con eso), que se quedo un poco vacia e inútil, con muchísimas consecuencias nefastas para el resto de instituciones jurídicas.

Entonces, crear una institución jurídica donde ya hay otras que funcionan muy bien, es duplicar figuras jurídicas y legislaciones, tratando de crear algo que ya esta creado. Lo único que se logró fue una simplificación de trámites en beneficio de la minoría homosexual, pero en perjuicio del resto de figuras jurídicas que no distinguen entre preferencias sexuales.

¡Que ironía, los heterosexuales buscando divorciarse o sin urgencia de casarse, y los homosexuales buscando casarse!