En la publicación anterior, se dejó mas o menos claro que la Jurisprudencia en México es una interpretación de la ley, limitada por el contenido de esta última.
A pesar de que la jurisprudencia es la interpretación de la ley, resulta que a veces la ley simplemente no regula ciertos derechos u obligaciones, u otras cuestiones. En estos casos cuando surge un conflicto, hay que acudir a leyes superiores jerárquicamente, que si regulen estos aspectos aunque sea en forma mínima, como es la Constitución Política Federal o los Tratados Internacionales firmados por México; en estos casos, nuevamente puede darse una interpretación jurisprudencial de estas leyes superiores, en relación con la inferior, por lo que el criterio que se construya será también limitado por el contenido de una ley. También se puede acudir a leyes del mismo nivel e incluso inferiores jerárquicamente.
El punto es, que la jurisprudencia que emitan los Magistrados de Tribunal Colegiado y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o los servidores públicos facultados de algún otro organismo, estará siempre limitada por una ley, por un el contenido de un cuerpo normativo, preferiblemente en cuanto a su literalidad, aunque también puede ser en cuanto a su historicidad (cuando se analizan antecedentes incluyendo la exposición de motivos o el debate legislativo), a su tendencia axiológica o fáctica, e incluso a su propósito y ubicación de esta ley dentro de su sistema jurídico.
Por tanto, para que exista jurisprudencia, primero debe haber una ley.
¿Porqué he hablado tanto de jurisprudencia? Pues porque en las siguientes publicaciones abordaré algunas cuestiones prácticas, derivadas de casos reales, donde se pone o se puede poner en entredicho a la jurisprudencia mexicana, a sus papeles desempeñados y a su naturaleza jurídica.
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